Sentencia A. 2679/23

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-2679/23

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA-Procesos en los cuales, según las pautas de ponderación, los factores de competencia de la Jurisdicción Especial Indígena no se satisfacen

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

AUTO 2679 DE 2023

 

Referencia: Expediente CJU-4521

 

Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Promiscuo Municipal de Chipaque con Funciones de Conocimiento y la Jurisdicción Especial Indígena Comunidad El Escobal, corregimiento Las Hermosas, municipio de Chaparral - Tolima Etnia Pijao.

 

Magistrado sustanciador:

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

 

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitrés (2023).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

 

I.       ANTECEDENTES

 

1.                 De acuerdo con el escrito de acusación, el 16 de junio de 2022 se presentaron los siguientes hechos:[1]

 

   (i)            Se presentó en las instalaciones de la Fiscalía General de Cáqueza, la señora Sandra Milena Arboleda, donde manifestó que el señor Hermides Sánchez Sánchez, quien es el padre de sus cuatro hijas, y se ubica en trocha once de Acacías Meta la llamó por teléfono y en palabras de la denunciante, la regañó, ella colgó y posteriormente recibió unos audios donde la trataba con frases denigrantes.

 (ii)            Puso de presente que desde el 2018 el señor Sánchez la golpea y la trata con insultos. Asimismo, manifestó que en una ocasión la sacó de la cama y le cortó el pelo con un cuchillo de cocina, le tiró el pelo al piso y se reía mientras se encontraba en estado de embriaguez.

 

2.                 El 23 de febrero de 2023, la Fiscalía presentó escrito de acusación en contra del señor Hermides Sánchez Sánchez por el delito de violencia intrafamiliar en calidad de autor por los hechos descritos anteriormente.[2]

 

3.                 El 24 de febrero de 2023 se realizó audiencia de control de garantías en el Juzgado Promiscuo Municipal de Gutiérrez, Cundinamarca, en la cual se impartió legalidad a la captura del acusado y, éste último no acepto los cargos.[3]

 

4.                 Le correspondió conocer del proceso al Juzgado Promiscuo Municipal de Chipaque con Funciones de Conocimiento[4], el cual mediante auto fijó fecha para realizar la audiencia concentrada el día 28 de abril de 2023.[5]

 

5.                 El 25 de abril de 2023, la gobernadora de la parcialidad indígena “el escobal” corregimiento Las Hermosas, municipio de Chaparral, Etnia Pijao, solicitó el traslado del señor Sánchez a la mencionada parcialidad, y el archivo del proceso en la justicia ordinaria, argumentando que la comunidad indígena del Escobal cuenta con un sistema propio de justicia indígena que permite investigar y resolver este tipo de asuntos, conductas y comportamientos desarmonizados o delictuales en contra de los indígenas de dicha comunidad o de terceros no indígenas que convivan en el territorio jurisdiccional de la comunidad indígena.[6] Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2, 4, 7, 8, 93, 246, 329 y 330 de la Constitución Política. 

 

6.                 El 16 de mayo de 2023 se llevó a cabo la audiencia concentrada, en la cual la gobernadora indígena manifestó que el señor Sánchez Sánchez es comunero indígena y solicitó que sea juzgado por su propio gobierno y no por la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, el fiscal manifestó que se debían aportar todos los elementos de prueba que acreditaran la pertenencia del acusado a la comunidad indígena y en consecuencia solicitó que se negara el cambio de jurisdicción.[7] En esa línea, el Juzgado Promiscuo Municipal de Chipaque con Funciones de Conocimiento, propuso conflicto positivo de jurisdicciones, y ordenó remitir el expediente a la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura para que definiera si el proceso debía ser juzgado por la jurisdicción especial indígena, o si debía continuar con el trámite en la jurisdicción ordinaria penal conforme a lo dispuesto en la Ley 1826 de 2017.[8]

 

7.                 El 28 de julio de 2023 el expediente fue remitido por el Consejo Superior de la Judicatura a esta Corporación con el fin de dirimir el suscitado conflicto.[9]

 

8.                 El 16 de agosto de 2023, el expediente fue repartido para estudio al despacho del magistrado sustanciador, y fue recibido el 18 de agosto del mismo año.[10]

 

II.CONSIDERACIONES

 

Competencia

 

9.                 La Corte Constitucional es competente para resolver el presente asunto de conformidad con lo dispuesto por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política.

 

Delimitación del objeto de revisión y metodología.

 

10.             La Sala Plena debe resolver la controversia suscitada entre el Juzgado Promiscuo Municipal de Chipaque con Funciones de Conocimiento y la Jurisdicción Especial Indígena Comunidad El Escobal, corregimiento Las Hermosas, municipio de Chaparral - Tolima Etnia Pijao, la cual versa sobre la competencia para conocer del proceso penal que se surte en contra del señor Hermides Sánchez Sánchez. Para estos efectos, la Sala en primer lugar verificará si la controversia entre dichas autoridades judiciales cumple con los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo de los conflictos de jurisdicción. En segundo lugar, de constatarse el cumplimiento de tales presupuestos, reiterará las reglas relacionadas con el reconocimiento del fuero indígena y la activación de la competencia de la jurisdicción especial indígena. Por último, resolverá el conflicto y determinará cuál es la autoridad judicial que debe continuar con el conocimiento del proceso.

 

Verificación de los presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicción.

 

11.             Presupuestos de los conflictos de jurisdicciones. Los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando dos o más autoridades judiciales “se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguno le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”^[11]. La Corte Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que para que este tipo de controversias se configuren es necesario que se acrediten tres presupuestos: subjetivo, objetivo y normativo^[12], los cuales se explican en el siguiente cuadro:

 

 

12.             La acreditación de estos presupuestos es una condición para que la Corte pueda emitir un pronunciamiento de fondo. Por lo tanto, la Sala Plena debe declararse inhibida cuando la controversia entre las autoridades judiciales no cumple con alguna de estas exigencias.

 

13.             La controversia sub examine configura un conflicto de jurisdicciones. La Sala Plena constata que la controversia sobre la competencia para conocer del proceso penal en contra del señor Hermides Sánchez Sánchez, por el delito de violencia intrafamiliar, configura un conflicto positivo de competencia entre jurisdicciones. De un lado, satisface el presupuesto subjetivo, porque enfrenta a dos autoridades judiciales de distintas jurisdicciones: (i) Juzgado Promiscuo Municipal de Chipaque con Funciones de Conocimiento, y la Comunidad El Escobal, corregimiento Las Hermosas, municipio de Chaparral - Tolima Etnia Pijao, que integra la jurisdicción especial indígena[16]. De otro lado, el conflicto satisface el presupuesto objetivo, ya que las autoridades judiciales se disputan el conocimiento del proceso penal de la referencia, el cual debe resolverse por medio de un trámite de naturaleza judicial. Por último, cumple con el presupuesto normativo, debido a que los juzgados enfrentados expusieron las razones de índole constitucional por las cuales consideran que son competentes para conocer del asunto (ver párr. 5 y 6 supra).

 

La jurisdicción especial indígena, el fuero indígena y los factores para su reconocimiento.

 

14.             Reconocimiento constitucional y definición del principio de diversidad étnica y cultural. El artículo 7º de la Constitución Política instituye el principio de diversidad étnica y cultural de la Nación, el cual es una manifestación del carácter democrático, participativo y pluralista del Estado^[17]. Este principio busca proteger “las distintas cosmogonías”^[18] de las comunidades étnicas y, en particular, preservar “los usos, los valores, las costumbres y tradiciones, las formas de producción, la historia y la cultura, y todas las demás situaciones que definen e identifican a la comunidad desde el punto de vista cultural y sociológico”^[19]. En virtud de este principio, la Constitución garantiza y protege (i) el derecho a la jurisdicción especial indígena y (ii) al fuero indígena

 

15.             El derecho a la jurisdicción especial indígena. El artículo 246 de la Constitución reconoce el derecho a la jurisdicción especial indígena. Al respecto, prescribe que “las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República”. Además, dispone que “la ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”. La jurisdicción especial indígena es un “derecho autonómico de las comunidades indígenas”^[20] que opera como una garantía que “protege la diversidad cultural y valorativa”^[21]. El ámbito de protección de este derecho colectivo está integrado por (i) la facultad de las comunidades de contar con “autoridades judiciales propias para juzgar a sus miembros”^[22] y (ii) la potestad de conservar o proferir normas y procedimientos propios^[23]. En tales términos, la jurisdicción especial indígena “se define en función de la existencia de autoridades, sistemas de derecho propio basados en usos y costumbres tradicionales, y procedimientos conocidos y aceptados en la comunidad”^[24].

 

16.             El fuero indígena. El fuero indígena es el derecho de los miembros de las comunidades indígenas a ser juzgados por las autoridades indígenas, de acuerdo con sus normas y procedimientos. Esta garantía tiene como propósito asegurar que estos individuos sean juzgados “por un juez diferente del que ordinariamente tiene la competencia”, por medio de un procedimiento compatible “con la organización y modo de vida”^[25] de la comunidad indígena de la cual forman parte. Para que la garantía del fuero indígena opere no es suficiente la identidad étnica indígena del procesado, sino que deben acreditarse “un elemento personal, (…) y uno geográfico o territorial, ‘que permite a las comunidades indígenas juzgar conductas cometidas en su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas’”^[26].

 

17.             La Corte Constitucional ha reiterado que el derecho a la jurisdicción especial indígena y la garantía del fuero, aunque tienen “una profunda relación de complementariedad, no poseen el mismo alcance y significado”^[27]. Mientras el fuero indígena constituye “un derecho fundamental del individuo indígena”^[28] que busca proteger su “conciencia étnica”^[29], la jurisdicción especial indígena, es “un derecho autonómico de las comunidades indígenas”^[30]. Por esta razón, aunque “el fuero indígena ocupa un papel cardinal, no es el único factor determinante”^[31] de la competencia de la jurisdicción especial, dado que esta se define en función de la existencia de autoridades, sistemas de derecho propio y procedimientos conocidos y aceptados en la comunidad.

 

18.             Factores de la jurisdicción especial indígena. La jurisdicción especial indígena se activa si se acreditan cuatro factores^[32]: (i) personal, (ii) territorial, (iii) objetivo e (iv) institucional^[33].

 

 

19.             Valoración ponderada y razonable de los factores que determinan la competencia de la jurisdicción especial indígena. Los factores que determinan la competencia de la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria deben evaluarse de forma “ponderada y razonable en las circunstancias de cada caso”^[34]. Ello supone que el conflicto entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria debe resolverse “atendiendo a las circunstancias propias [del] caso y ponderando el grado de incidencia que pueda tener cada factor en la resolución del conflicto”^[35]. Por esta razón, si uno de estos factores no se cumple en el caso concreto, “ello no implica que de manera automática el caso corresponda [a la jurisdicción ordinaria]”^[36]. La Corte Constitucional ha resaltado que esta ponderación debe llevarse a cabo desde “la perspectiva de la diversidad cultural”^[37] y está encaminada a garantizar que el juez tome la decisión que “mejor defiende la autonomía indígena, el debido proceso del acusado y los derechos de las víctimas”^[38]. Por tanto, para determinar la competencia de la jurisdicción indígena la Corte deberá (i) constatar en el caso concreto cuáles de los factores previstos para activar la jurisdicción especial indígena están acreditados y, (ii) valorar de manera razonable y ponderada la incidencia de cada uno de estos factores en la controversia.

 

Caso concreto

 

20.             A continuación, la Sala Plena examinará (i) si en el caso concreto están acreditados los factores previstos para activar la jurisdicción especial indígena, y (ii) valorará de manera razonable y ponderada la incidencia de estos factores en la resolución del conflicto sub examine.

 

(i)   Constancia de los factores determinantes de la jurisdicción especial indígena.

 

21.             Factor personal. El factor personal exige que el juez verifique “la pertenencia del acusado de un hecho punible […] a una comunidad indígena”^[39].  La Sala advierte que en este caso el elemento personal se encuentra acreditado. En efecto, en el expediente obra (i) un certificado suscrito por la señora Yury Marcela Poloche Ducuara, gobernadora indígena, adjunto a la solicitud de conocimiento y juzgamiento del procesado por parte de la Jurisdicción Especial Indígena, en el que se consigna que el señor Sánchez Sánchez pertenece a la Comunidad Indígena “El Escobal” del corregimiento de Las Hermosas[40].

 

22.             Factor territorial. El factor territorial exige al juez constatar que “los hechos objeto de investigación hayan tenido ocurrencia dentro del ámbito territorial del resguardo”^[41]. Ahora bien, es importante tener presente que el concepto de territorio ha sido entendido desde dos perspectivas.  Por un lado, una perspectiva estrecha o restringida que “entiende el territorio como el espacio territorial físico, que comprenden los resguardos indígenas”[42]. Por otro lado, una perspectiva amplia que entiende el territorio como un concepto que tiene un significado no solo espacial sino cultural donde se “hace referencia al espacio donde se desarrolla la cultura de cada comunidad, e involucra sus costumbres, ritos, creencias religiosas, modos de producción, entre otros”[43].

 

23.             La Sala encuentra que en el presente caso no se cumple con el factor territorial por las siguientes razones: i) según la descripción fáctica realizada y la información que reposa en la noticia criminal[44], los hechos que configuran la conducta imputada a Hermides Sánchez Sánchez– violencia intrafamiliar–, habrían ocurrido en el domicilio familiar, ubicado en Chipaque (Cundinamarca) a 267 kilómetros[45] aproximadamente de Chaparral (Tolima) donde se encuentra ubicada la Comunidad Indígena “El Escobal” del corregimiento de Las Hermosas  y, ii) la Comunidad El Escobal, corregimiento Las Hermosas, municipio de Chaparral - Tolima Etnia Pijao se encuentra ubicada en el municipio de Chaparral en el departamento del Tolima.[46] En Colombia - según la ONIC -   El pueblo Pijao se localiza  al sur del departamento del Tolima, como se autodenominan en la actualidad, se ubican en pequeñas parcialidades en los municipios de Coyaima, Natagaima, Ortega, Chaparral y San Antonio. Los Coyaimas y Natagaimas formaron parte de una gran sociedad tribal, a los que se les denominó Pijao. Este grupo estaba conformado por una serie de tribus que compartían características culturales y lingüísticas similares. Su territorio se extendía desde la actual ciudad de Ibagué hacia el sur, comprendiendo la artesa natural del Valle del Magdalena y gran parte de las cordilleras Oriental (principalmente en su costado sur occidental) y ambas vertientes de la Cordillera Central.[47] Asimismo, respecto a la población que integra la mencionada etnia se encuentra que el Censo del DANE de 2005 reportó 58.810 personas autor reconocidas como pertenecientes al pueblo Coyaima Natagaima, de las cuales el 51,3% son hombres (30.160 personas) y el 48,7% mujeres (28.650 personas). El pueblo Coyaima Natagaima se concentra en el departamento del Tolima, en donde habita el 90,1% de la población. Le sigue Bogotá con el 4,5% (2.658 personas) y Huila con el 1,6% (941 personas). Estos dos departamentos y la capital concentran el 96,7% poblacional de este pueblo. Los Coyaima Natagaima representan el 4,2% de la población indígena de Colombia. La población Coyaima Natagaima que habita en zonas urbanas corresponde al 37,9% (22.281 personas), cifra superior al promedio nacional de población indígena urbana que es del 21,43% (298.499 personas)[48]. En consecuencia, encuentra la Sala que no existe prueba en el expediente que acredite que la conducta que dio origen al presente conflicto de jurisdicciones se desarrolló dentro del territorio de la Comunidad “El Escobal”, corregimiento Las Hermosas, municipio de Chaparral - Tolima Etnia Pijao, en virtud a que el municipio de Chipaque no hace parte del territorio donde se ubica la mencionada comunidad, es decir, el municipio de Chaparral.

 

24.             En el caso concreto, no es posible identificar ningún elemento que acredite que las prácticas culturales, sociales y políticas de la Comunidad Indígena “El Escobal” del corregimiento de Las Hermosas se extiende hasta el municipio de Chipaque, lugar de habitación de la víctima. Esto demuestra que las conductas del señor Hermides Sánchez Sánchez en Chipaque (Cundinamarca) no se entiendan como ocurridas dentro de la comunidad indígena -ni aun en su concepción amplia o extendida- sino todo lo contrario, como una ruptura a la vida en comunidad. En tal sentido, el factor territorial no está acreditado en el sentido expansivo.

 

25.             Factor objetivo. Este criterio supone estudiar la naturaleza del sujeto o del bien jurídico afectado por la conducta punible.[49] Para esto, se examinarán a continuación las condiciones de la víctima y la conducta punible presuntamente desplegada. El procesado es acusado por el delito de violencia intrafamiliar. Este factor lleva a analizar la naturaleza del sujeto o del bien jurídico afectado por la conducta punible y verificar si el proceso es del interés de la comunidad indígena y/o de la cultura mayoritaria.  La Corte Constitucional ha sostenido que la familia es uno de los escenarios en los que la violencia en contra de las mujeres resulta reiterativa[50], Ahora bien, en este punto es necesario recordar que, en virtud de la cláusula constitucional de diversidad étnico cultural, no resultaría constitucionalmente razonable exigir a las comunidades indígenas la demostración de estructuras como la tipicidad reconocida en el derecho occidental ni la identidad plena con la calificación jurídica derivada del mismo. En todo caso, en el asunto bajo estudio, el análisis del elemento objetivo debe estar sujeto a la subregla de especial nocividad reconocida por la jurisprudencia constitucional, según la cual cuando la conducta investigada sea de especial nocividad en concepto de la cultura mayoritaria, la decisión no puede ser la exclusión definitiva de la Jurisdicción Especial Indígena. Es necesario efectuar un análisis “más detallado” sobre la vigencia del factor institucional, para asegurarse de que la remisión a la Jurisdicción Especial Indígena no derive en impunidad, o en una situación de desprotección para la víctima.

 

26.             En el caso bajo análisis, la Sala Plena no pudo evidenciar que la víctima de la presunta conducta de violencia intrafamiliar pertenece a la comunidad indígena, toda vez que no obra prueba de ello en el expediente, y ni el acusado ni las autoridades indígenas realizaron dicha afirmación, así como tampoco aportaron información que probaran tal aspecto.

 

27.             Sobre este particular, la Corte ha destacado que las mujeres, debido a las situaciones de discriminación que han afrontado históricamente, son titulares de una especial protección, que fundamenta la obligación de debida diligencia en la prevención de la violencia de género. Este deber, no sólo se desprende del artículo 13 de la Constitución, sino de diversos compromisos internacionales, entre los cuales se destacan la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer –CEDAW, por sus siglas en inglés–así como de la Convención de Belém do Pará, que en sus artículos 7, 8 y 9 determina la obligación para los Estados de adoptar todas las medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, con particular atención a aquellas que hacen parte de grupos discriminados o vulnerables.[51] Igualmente, debe tenerse en cuenta que las mujeres y las niñas son el 51,2% de la población en Colombia y representan el 86% de los casos de violencia sexual.[52]

 

28.             Efectivamente, en el ámbito del derecho mayoritario y en especial bajo el amparo de la Constitución Política, conductas como la violencia intrafamiliar constituyen delitos de especial gravedad porque atentan no solo contra la unidad y armonía familiar, sino también la integridad y el derecho a una vida libre de violencias de las mujeres de todas las edades.[53] 

 

29.             Lo anterior no implica, de ninguna manera, la exclusión automática de la competencia de las autoridades indígenas, ni la negación del posible interés de las comunidades en judicializar la conducta presuntamente ejercida contra la mujer involucrada en el presente asunto. Por el contrario, esta Corporación ha reconocido que, impedir que las autoridades indígenas resuelvan asuntos de especial nocividad social, es “una postura que desconoce injustificadamente la validez del control social realizado por las comunidades indígenas”[54]. En esa medida, el juez que resuelve el conflicto no puede ignorar la cosmovisión que un pueblo étnico tiene en relación con las conductas delictivas presuntamente realizadas.[55]

 

30.             Por ello, cuando las autoridades indígenas reclamen la competencia para conocer de un asunto, deben mostrar ante el juez que resuelve el conflicto entre jurisdicciones cuál es su entendimiento en relación con la nocividad de los hechos investigados. Este deber se justifica por el carácter dispositivo del ejercicio de la competencia y el respeto por la autonomía de las comunidades. En este asunto, las autoridades de la Comunidad El Escobal, corregimiento Las Hermosas, municipio de Chaparral - Tolima Etnia Pijao no se pronunciaron sobre la percepción de nocividad que tiene su comunidad indígena en relación con los hechos presuntamente llevados a cabo por el acusado.

 

31.             Así las cosas, encuentra la Sala que el factor objetivo no se encuentra acreditado en el caso concreto. En consecuencia, debido al elevado grado de nocividad social que para la sociedad mayoritaria implica la conducta presuntamente cometida, es necesario realizar un estudio riguroso de la capacidad institucional de la comunidad indígena para tramitar la causa. En estos eventos, como lo ha destacado la jurisprudencia constitucional, se debe “efectuar un análisis más detallado sobre la vigencia del factor institucional para asegurarse de que la remisión a la jurisdicción especial indígena no derive en impunidad o en una situación de desprotección para la víctima”.[56] A continuación, la Sala evaluará dicho elemento.

 

32.             Factor institucional. Este presupuesto requiere evidenciar la existencia de autoridades y procedimientos tradicionales en la comunidad, que acrediten un poder de coerción para aplicar justicia propia, que garantice, por una parte, el derecho al debido proceso del investigado y, por otra, la eficacia de los derechos de la víctima.[57]

 

33.             En el asunto de la referencia, la gobernadora de la Comunidad El Escobal, corregimiento Las Hermosas, municipio de Chaparral - Tolima Etnia Pijao solicitó el traslado del acusado y el archivo de la investigación en la Jurisdicción Ordinaria señalando que (i) “la comunidad indígena del ESCOBAL, cuenta con un sistema propio de justicia indígena, que permite investigar y sancionar comportamientos desarmonizados o delictuales en contra de los indígenas de nuestra comunidad o de terceros no indígenas, que conviven en nuestro territorio jurisdiccional como es el caso que nos ocupa”[58], (ii) “que la junta de gobierno indígena del ESCOBAL, en la asamblea general nos reunimos con el fin de conocer lo ocurrido con el señor ERMIDES SANCHEZ SANCHEZ y aprobamos que el caso sea llevado por la justicia indígena, y sea trasladado a la comunidad indígena del ESCOBAL, donde se juzgara y se aplicara de acuerdo a nuestra normatividad indígena”[59], y finalmente (iii) “que las ordenes impartidas por la junta de gobierno, por la comunidad indígena del ESCOBAL HERMOSAS, impuestas por la junta de gobierno indígena y la asamblea general de la comunidad, como máxima autoridad, una vez se de a conocer y se comunique al nativo deberá ser cumplidas por ERMIDES SANCHEZ SANCHEZ”[60]  Así, la manifestación de voluntad de la comunidad para adelantar el proceso supone una primera muestra de institucionalidad.[61]

 

34.             Ahora bien, en la medida en que, en este caso particular, la vigencia del elemento institucional puede ser materia de un análisis más exigente por tratarse de la judicialización de delitos de especial nocividad, las autoridades indígenas deben evidenciar cuáles son, en particular, los procedimientos empleados para tramitar esta conducta, las garantías procesales que se le ofrecen al acusado y los mecanismos de reparación y protección que se le otorgan a la víctima. A pesar de esta exigencia, las autoridades de la comunidad indígena no ofrecieron información adicional que permita inferir que se encuentran acreditados tales requerimientos. Por este motivo, no se encuentra cumplido el factor institucional.

 

35.             En virtud de las consideraciones previas, se reitera que el factor institucional debe ser examinado con un especial rigor, que demuestre la capacidad orgánica de las autoridades indígenas para judicializar y efectivamente sancionar la conducta y, además, garantizar tanto el debido proceso del acusado como la protección y reparación a la víctima. En este punto la Corte considera importante reiterar que el ejercicio de la facultad jurisdiccional, por parte de las comunidades indígenas, es exclusivamente potestativo. Por ello, cuando reclamen la competencia para conocer de un asunto como el presente –violencia intrafamiliar–, les corresponde demostrar que cuentan con la capacidad institucional para juzgar y sancionar conductas que menoscaben los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, así como para garantizar el debido proceso del acusado y los derechos de las víctimas.[62]

 

36.             Sin embargo, ante la inexistencia de información específica allegada al presente proceso, y en la medida en que no se aportaron al expediente datos concretos sobre las autoridades tradicionales, los procedimientos establecidos, ni las faltas y sanciones aplicables, no se demostró la existencia de un andamiaje institucional que garantice el derecho al debido proceso del acusado. Además, como se expresó previamente, dada la especialidad nocividad de la conducta para la cultura mayoritaria, el análisis del cumplimiento del elemento institucional debe ser más estricto.

 

37.             En este caso, la intervención de la comunidad indígena no indicó ninguno de los elementos que, de forma enunciativa, ha señalado la jurisprudencia constitucional[63], tales como: (i) la eficacia del debido proceso; (ii) los derechos de las víctimas; y (iii) el respeto al principio de igualdad. Además, debe tenerse en cuenta que la situación investigada es altamente nociva, por ello, es fundamental acreditar que la comunidad cuenta con la capacidad de perseguir efectivamente esta clase de conductas.

 

38.             Como se expuso previamente, ante la existencia de múltiples ordenamientos jurídicos, el juez del conflicto no puede partir de premisas generales ni suponer la nocividad social de determinadas conductas. En contraste, es necesario que, en el trámite del conflicto, se demuestre este elemento. En consecuencia, la Sala no puede deducir parámetros o estándares genéricos, sino que debe evaluar su configuración en cada caso concreto.

 

39.             En síntesis, al realizar un estudio ponderado de los cuatros factores de competencia de la jurisdicción especial indígena aplicado al caso objeto de análisis, la Sala Plena de la Corte Constitucional encontró que: i) el acusado es miembro de la Comunidad El Escobal, corregimiento Las Hermosas, municipio de Chaparral - Tolima Etnia Pijao. Se constata, entonces, el factor personal; ii) el cabildo indígena se encuentra ubicado en el municipio de Chaparral - Tolima, mientras que los hechos presuntamente delictivos tuvieron lugar en Chipaque, municipio ubicado en el departamento de Cundinamarca. En este sentido, no se verifica el elemento territorial, en tanto el lugar en el que se desplegó la conducta excede el territorio de la comunidad indígena, tanto en su comprensión restrictiva como amplia; iii) la conducta punible atribuida al acusado es de gran nocividad social y, por ello, el bien jurídico afectado suscita un alto interés por parte de la sociedad mayoritaria para su judicialización. Como consecuencia de ello, el escrutinio del factor institucional de la comunidad indígena debe ser más riguroso; iv) sobre esa base, la manifestación de voluntad de las autoridades indígenas de la Comunidad El Escobal, corregimiento Las Hermosas, municipio de Chaparral - Tolima Etnia Pijao” para asumir la competencia del caso, supone una muestra inicial de institucionalidad. Sin embargo, ante la exigencia de constatar una capacidad institucional que lleve a cabo la judicialización apropiada del acusado, unas garantías de reparación y de protección efectiva a los derechos de las víctimas, la información allegada es insuficiente. Por lo que debe concluirse que no se cumple con el factor institucional en el caso concreto.

 

40.             En suma, el análisis conjunto y ponderado de los factores descritos le permite a la Sala Plena de la Corte Constitucional concluir que el presente asunto debe ser tramitado ante la jurisdicción ordinaria por los siguientes motivos: de un lado, al estudiar el factor territorial, esta Corporación encontró que los hechos delictivos que son objeto del proceso penal no ocurrieron en territorio del resguardo indígena. De otro lado, el examen conjunto de los factores objetivo e institucional dan cuenta que, ante la nocividad de la conducta atribuida al acusado y la necesidad de una valoración rigurosa de la capacidad institucional de las autoridades indígenas, las garantías judiciales necesarias para asegurar la protección, tanto de los derechos del procesado, como lo de la víctima, la cual prima facie, no pertenece a la comunidad indígena, no fueron debidamente acreditadas.

 Conclusión. En consecuencia, el expediente CJU-4521 en virtud del cual se adelanta el proceso penal contra el señor Hermides Sánchez Sánchez por la presunta comisión de violencia intrafamiliar, será remitido al Juzgado Promiscuo Municipal de Chipaque con Funciones de Conocimiento, para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados y a la Comunidad El Escobal, corregimiento Las Hermosas, municipio de Chaparral - Tolima Etnia Pijao.

 

III.           DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

 

RESUELVE

 

PRIMERO. - DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Promiscuo Municipal de Chipaque con Funciones de Conocimiento y las autoridades de la Comunidad El Escobal, corregimiento Las Hermosas, municipio de Chaparral - Tolima Etnia Pijao en el sentido de DECLARAR que corresponde a la jurisdicción ordinaria conocer el proceso penal seguido en contra de Hermides Sánchez Sánchez por el delito de violencia intrafamiliar.

 

SEGUNDO. – REMITIR el expediente CJU-4521 al Juzgado Promiscuo Municipal de Chipaque con Funciones de Conocimiento, para lo de su competencia y para que comunique esta decisión a la Comunidad El Escobal, corregimiento Las Hermosas, municipio de Chaparral - Tolima Etnia Pijao, y demás interesados en el trámite.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

Con aclaración de voto

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

Ausente con comisión

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA

NATALIA ÁNGEL CABO

AL AUTO 2679 DE 2023

 

 

Referencia: expediente CJU-4521.

 

Magistrado/a ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo.

 

 

1.                 En la primera parte de esta aclaración de voto, expresaré mi desacuerdo general con la forma en la que la mayoría de la Sala Plena está abordando su competencia para resolver los conflictos suscitados entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria. Luego, en una segunda parte, explicaré que aclaro mi voto frente al Auto 2679 de 2023 por la forma en la que la mayoría de la Sala Plena abordó la práctica de pruebas en el marco del CJU de la referencia.

 

Mi desacuerdo general con la forma en la que la Corte aborda el análisis de los conflictos entre la jurisdicción especial indígena y la ordinaria

 

2.                 Considero que la Corte Constitucional debe replantear algunas de las ideas que están orientando sus decisiones y corregir prácticas desafortunadas en las que está incurriendo al resolver los conflictos suscitados entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria.

 

3.                 Por un lado, la mayoría de la Sala Plena está dirimiendo este tipo de conflictos sin tener en cuenta la riqueza étnica y cultural de Colombia, país en el que existen al menos 105 pueblos indígenas y cerca de 2.000.000 de personas se identifican como indígenas, número que corresponde al 4,4% de la población¹. En efecto, los autos que este Tribunal profiere en este campo parecen estar guiados por una concepción según la cual todos los pueblos indígenas son equiparables y pueden ser tratados de la misma forma, pues conforman un bloque de población homogénea y monolítica. Además, como lo revela la tendencia actual en materia de práctica de pruebas, la Corte Constitucional no está concibiendo este tipo de procedimientos como espacios de diálogo intercultural entre iguales y como oportunidades para aumentar el escaso conocimiento estatal sobre las formas de gobierno y las particularidades de los distintos pueblos indígenas presentes en el territorio nacional. Por esta vía, esta Corporación parece estar desconociendo la riqueza de pensamiento de los pueblos indígenas y las diferencias que los distinguen. 

 

4.                 Aunado a lo anterior, considero que las decisiones que dirimen este tipo de conflictos han implicado un retroceso frente al nivel de protección que la jurisdicción especial indígena ha alcanzado gracias a la luminosa jurisprudencia que ha creado la Corte Constitucional principalmente en sede de revisión de tutelas en las últimas tres décadas². Así, desde sus primeras decisiones, la Corte se interesó por materializar un enfoque diferencial respecto de la garantía de los derechos de los pueblos indígenas y, para ello, desarrolló el principio de maximización de la autonomía de las comunidades indígenas.

 

5.                 De acuerdo con ese principio, en la ponderación de los intereses que puedan enfrentarse en un caso concreto, solo son admisibles las restricciones a la autonomía de las comunidades indígenas cuando estas: (i) sean necesarias para salvaguardar un interés de mayor jerarquía; y (ii) sean las menos gravosas para la autonomía de las comunidades étnicas frente a cualquier medida alternativa³. Además, bajo el principio de maximización de la autonomía y con el fin de determinar cuándo un asunto debe ser conocido por la jurisdicción especial indígena, la Corte construyó cuatro factores de competencia (personal, territorial, objetivo e institucional) que aplicó en distintos casos que involucraron pueblos indígenas o integrantes de dichas comunidades⁴. En tal sentido, en múltiples pronunciamientos esta Corporación hizo un llamado al Consejo Superior de la Judicatura, entidad que antes de la entrada en vigencia del artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015 se encargaba de resolver los conflictos interjurisdiccionales, a respetar la jurisprudencia constitucional.

 

6.                  A pesar de lo anterior, al abordar el análisis de los conflictos entre la jurisdicción especial indígena y la ordinaria, la mayoría de la Sala Plena ha optado por aplicar de forma irreflexiva esos cuatro factores de competencia, sin hacer una ponderación razonable en la que se tengan en cuenta todos los aspectos relevantes, tales como la comprensión de los sistemas de justicia propia o el contexto de las controversias cuyo conocimiento es objeto de disputa. Asimismo, la Sala Plena ha exigido una suerte de carga probatoria en cabeza de las comunidades indígenas, la cual no se compadece con el principio de maximización de la autonomía y que, de hecho, invierte la lógica que guía los principios de pluralismo jurídico y diálogo intercultural. Por esa vía, la Corte se ha ido separando paulatinamente de su postura jurisprudencial histórica en relación con los derechos de los pueblos indígenas, caracterizada por una visión pluralista, nutrida con insumos sociológicos y antropológicos, que busca conocer la cultura, las instituciones y, en general, la cosmovisión de las distintas comunidades étnicas. 

 

7.                 Por consiguiente, estimo que la mayoría de la Sala Plena debe repensar la forma en la que está abordando su competencia para resolver los conflictos suscitados entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria. Así, la Corte debe asegurarse de que sus decisiones partan de un conocimiento profundo de las particularidades de los sistemas de justicia propios, permitan un diálogo directo con los pueblos indígenas implicados, maximicen la autonomía de las comunidades indígenas y fomenten la coordinación y el diálogo interjurisdiccional, en igualdad de condiciones.

 

Mi desacuerdo con las consideraciones expuestas en el Auto 2679 de 2023

 

8.                 Estimo necesario aclarar mi voto frente al Auto 2679 de 2023 por la ausencia de práctica de pruebas. A través de esa providencia, la Sala Plena resolvió el conflicto de jurisdicciones que se suscitó entre la jurisdicción especial indígena, representada por las autoridades de la Comunidad El Escobal, corregimiento Las Hermosas, municipio de Chaparral,Tolima Etnia Pijao y la jurisdicción ordinaria, representada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Chipaque con Funciones de Conocimiento, para conocer del proceso penal adelantado contra Hermides Sánchez Sánchez por el delito de violencia intrafamiliar. En esta decisión, la Corte otorgó la competencia para conocer el asunto a la autoridad de la jurisdicción ordinaria en vista de que no encontró acreditados el elemento territorial y el elemento institucional. Al realizar la valoración ponderada de los elementos, la Sala encontró que la información allegada por la comunidad es insuficiente para constatar la existencia de un procedimiento que garantice los derechos del acusado y la víctima.

 

9.                 Si bien comparto la decisión de otorgar la competencia del asunto a la jurisdicción ordinaria, a mi juicio la existencia de dudas sobre la configuración del elemento institucional debió absolverse a través del decreto de pruebas. En ese sentido, considero que en casos como este, la Corte debe ejercer la facultad de decretar de oficio las pruebas que sean necesarias, conducentes y pertinentes para despejar cualquier duda que exista sobre la configuración de los elementos del fuero y la jurisdicción especial indígena.

 

10.             El Auto 2679 de 2023 se limitó a indicar que en este caso no se encontraron acreditados los elementos que habilitan la jurisdicción especial indígena a partir de la exposición que realizaron las autoridades de la Comunidad El Escobal, corregimiento Las Hermosas, municipio de Chaparral,Tolima Etnia Pijao al momento de trabar el conflicto de jurisdicciones. Sin embargo, esta Corporación no tuvo en cuenta que, para garantizar los principios de igualdad, diversidad, pluralismo y participación aplicables a la solución de los conflictos de jurisdicciones[64], el juez del conflicto cuenta con facultades probatorias que le permiten indagar sobre la configuración de esos elementos. Una práctica probatoria en ese sentido hubiese permitido emitir la decisión a partir de un mayor grado de certeza, lo cual, sin duda, materializa la garantía del respeto a la autonomía de los pueblos originarios.

 

11.             Sobre este particular, si bien la posibilidad de practicar pruebas constituye una decisión autónoma del magistrado sustanciador, estimo que existen eventos en los que no ejercer esa potestad puede ir en desmedro de las comunidades indígenas. Una posición similar fue sostenida por la Corte Constitucional en sede de tutela, pues a través de la Sentencia T-397 de 2016, la Sala Cuarta de Revisión dejó sin efecto un auto emitido por la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en la que resolvió un conflicto de jurisdicciones entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria. En esa oportunidad, la Corte encontró que la decisión de la Sala Jurisdiccional incurrió en un defecto fáctico al no valorar adecuadamente algunas pruebas allegadas por la comunidad indígena y porque “tampoco, en ejercicio de su facultad oficiosa, decretó otras pruebas para esclarecer los hechos y mejor proveer en dicho asunto”[65].

 

12.             En similar sentido, a través de la Sentencia T-552 de 2003, la Corte resolvió una tutela presentada contra una decisión de Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura que resolvió mantener en la jurisdicción ordinaria el conocimiento de un proceso penal adelantado contra un miembro de una comunidad indígena por el delito de homicidio. En esta sentencia, la Corte encontró que la autoridad demandada incurrió en error al valorar los hechos del caso, pues afirmó la comunidad indígena en conflicto carecía de un ordenamiento jurídico tradicional que proscriba el delito de homicidio. La Sala fue incisiva en señalar que esa conclusión resultaba equivocada ante la ausencia de pruebas que la soportaran, tales como estudios antropológicos[66].

 

13.             En resumen, considero que el decreto de pruebas en los incidentes de conflictos de jurisdicciones que involucren a comunidades indígenas es una práctica necesaria y sustentada en la jurisprudencia de esta Corporación. Este tipo de actuaciones, además de constituir mecanismos valiosos para esclarecer puntos oscuros o difusos del debate sometido al conocimiento del juez, son relevantes para conocer los sistemas de justicia indígenas, materializar el derecho a la participación de las comunidades étnicas, así como hacer efectivo el principio de necesidad de la prueba[67]. De esta manera también es posible propiciar un verdadero dialogo y coordinación interjurisdiccional en cumplimiento del mandato establecido en el artículo 246 de la Constitución[68].

 

14.             Estas razones me llevan a aclarar el voto con respecto a las consideraciones expuestas en el Auto 2679 de 2023, adoptado por la Sala Plena de la Corte Constitucional.

 

Respetuosamente,

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

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